Una de las novedades de la reforma procesal laboral, es que por primera vez se introdujo en nuestro Código del Trabajo la protección de derechos que antes se encontraban consagrados únicamente en la Constitución Política del Estado.
Así, se entregó a los tribunales del trabajo el conocimiento de materias relativas a derechos fundamentales del trabajador, tales como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, libertad de trabajo, etc. cuando éstos, como consecuencia directa de los actos ocurridos en la relación laboral, se ven lesionados por el empleador en forma arbitraria e injustificada.

El trabajador que considere vulnerados los derechos fundamentales protegidos por el Código del Trabajo, deberá, dentro del plazo de 60 días, interponer denuncia ante el tribunal del trabajo competente, el que en caso de acogerse la denuncia, ordenará la reparación de las consecuencias que produjo la vulneración de derechos.
Ahora bien, si la vulneración de los derechos se produce con ocasión del despido del trabajador, se condenará al empleador además del pago de las indemnizaciones por aviso previo y años de servicio a que tenga derecho el trabajador, a una indemnización de perjuicios equivalente a una suma que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.

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